Informe Psicosocial y Solidaridad con el Pueblo Saraguro

El Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial hemos elaborado a la luz de los acontecimientos recientes el “Informe Psicosocial y de violaciones de Derechos Humanos. Caso Saraguro”, puedes consultarlo aquí:

Informe Caso Criminalización Saraguro

PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD CON SARAGURO

Desde el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial queremos mostrar nuestra preocupación ante las nuevas acciones de criminalización llevadas a cabo por el Estado ecuatoriano contra el Pueblo Indígena de Saraguro. Especialmente por las acciones emprendidas contra Luisa María Lozano y Amable Angamarca, defensores de sus territorios que ejercieron su legítimo derecho a la protesta social. Ambos han sido judicializados y sentenciados, por el Tribunal de Garantías Penales de Loja, a 4 años de prisión por su participación en el Paro Nacional y las Marchas indígenas que dieron inicio el pasado 2 de Agosto de 2015. Se les imputa el delito de obstaculizar el servicio público.

El Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial hemos venido denunciando, detallando y analizando (1) las estrategias represivas ejecutadas por el Estado ecuatoriano durante el Paro Nacional y las Marchas Indígenas del pasado año. Por esto, con preocupación constatamos que estas estrategias represivas se afianzan con la injusta sentencia dictada contra Luisa María Lozano y Amable Cajamarca.

Durante el período de agresiones contra el pueblo Saraguro en agosto de 2015, recogimos 50 agresiones y/o detenciones efectuadas y detallamos documentalmente algunas de ellas. Durante esos días se constató la participación de la Policía Nacional, del Grupo de Operaciones Motorizadas, de Agentes Civiles de Tránsito y de Agentes de la Policía Judicial vestidos de civil. También se procedió a la militarización del territorio por parte de las Fuerzas Armadas Terrestres. Se produjeron múltiples allanamientos a viviendas, detenciones y agresiones a menores, así como vigilancia aérea con helicópteros. Además se evidenció un exceso de la fuerza pública con cargas policiales, que portaban toletes y gases lacrimógenos. Todas estas acciones acontecieron en un contexto de Estado de Excepción nacional (2) que favoreció la incursión en los territorios. Denunciamos en su momento cómo este Estado de Excepción nacional se utilizó para militarizar selectivamente los territorios, en lugares como Saraguro, en donde el movimiento organizativo indígena ha tenido históricamente una gran relevancia, convirtiéndose el decreto en una medida de facto de restricción a la protesta social e incompatible con estándares de derechos humanos internacionales.

Así mismo analizábamos como se trató de generar un control del espacio público y la desincetivación de la participación social mediante las agresiones y detenciones a la población. Inclusive ya anunciábamos la ausencia de independencia judicial, que se confirma con esta nueva sentencia. De especial gravedad fue la profundización de mecanismos de dominación patriarcal por parte del Estado ecuatoriano durante las agresiones producidas en Saraguro, en donde se dieron agresiones sexuales por parte de la fuerza pública a mujeres. Estas agresiones estuvieron acompañadas de discursos y narrativas utilizadas por el Primer Mandatario, que promovían actitudes machistas y profundizaron estereotipos sociales desconociendo el rol de las mujeres como sujetas políticas en las movilizaciones sociales.

La represión, agresiones y detenciones desproporcionadas hacia quienes se manifestaron en el Pueblo de Saraguro, así como la imputación de causas penales a grupos sociales y dirigentes indígenas, han posibilitado la persecución penal de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos.

La sentencia de 4 años de prisión para la compañera y el compañero de Saraguro suponen una vez más la limitación del legítimo derecho a la protesta social y a la resistencia, reconocidos constitucionalmente. La continua criminalización de la protesta social que se afianza con estas nuevas sentencias, pretende sentar consecuencias ejemplarizantes ante quieres deciden ejercer la defensa de derechos en sus territorios.

La judicialización ha implicado como denunciábamos en nuestro informe, sanciones que conllevaban la privación de libertad y tienen efectos en la participación política de la ciudadanía. Además esta persecución penal tiene efectos psicosociales tanto en las personas implicadas como en el conjunto de la ciudadanía. Judicializar y sentenciar a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la movilización y a la protesta genera daños que van mucho más allá del control político de la sociedad.

Queremos mostrar nuestra solidaridad con el Pueblo de Saraguro y muy especialmente con Luisa María Lozano y Amable Angamarca, y sus familias.

Exigimos al Estado ecuatoriano el cese de la criminalización de defensoras y defensores. Solicitamos a las instancias de justicia del país una verdadera independencia judicial así como la revocación de esta sentencia ilegal y la inmediata amnistía de Luisa María Lozano y Amable Angamarca. Alertamos nuevamente a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos sobre la grave situación de los y las defensoras en Ecuador.

Para consultar el detalle de todas las agresiones realizadas contra la población durante el Paro Nacional y las Marchas Indígenas, ver:

Informe Estrategias Estatales de Control y Represión social durante el Paro Nacional y las Marchas Indígenas

Si quieres consultar este pronunciamiento en Inglés, aquí:

Pronunciamiento en Inglés


(1) “Informe sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador. 13 al 23 de agosto de 2015”: https://investigacionpsicosocial.wordpress.com/investigaciones/paro-nacional-y-marchas-indigenas/

(2) Íbid: “El día 16 de agosto de 2015, por decreto ejecutivo, el Presidente Rafael Correa decretó el Estado de Excepción en todo el territorio nacional por el aumento de la actividad del volcán Cotopaxi en los Andes centrales. El Decreto 755 concede poderes extraordinarios como el uso de todos los miembros de la fuerza pública, utilización de fondos públicos, suspensión “de los derechos constitucionales, la inviolabilidad de domicilio, de tránsito, de reunión, y de correspondencia” (extraído del Decreto 775) y censura previa de los medios de comunicación, en el exclusivo marco de la emergencia de la erupción del volcán Cotopaxi. No obstante, en el territorio del pueblo indígena Kichwa Saraguro, Provincia de Loja al sur del país muy lejos del área de afectación del volcán, la policía y los militares han utilizado dicho decreto para el allanamiento de viviendas sin orden judicial, incluso en el caso de personas que no han participado en las manifestaciones o detenciones, y agresiones a ocupantes de los domicilios como en el caso de Saraguro.”

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