Réplica al contrainforme que ha elaborado el Representante de la OEA a nuestro informe

El documento “LA REALIDAD TRAS LAS DENUNCIAS DE ALGUNAS ONGs CONTRA EL ESTADO ECUATORIANO (1)” firmado con fecha 31 de agosto del 2015, por el Sr. Marco Albuja como Embajador, Representante Permanente ante la OEA, merece los siguientes comentarios por nuestra parte por ser dirigido directamente a desacreditar el trabajo de nuestro Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial:

  1. El título ya sostiene que el documento es el único que dice la verdad “La realidad tras las denuncias”, sin embargo, lejos de analizar las denuncias que se presentan en nuestro informe se dedica a descalificarlo por cuestiones de forma, con gran riqueza de insultos y adjetivos y sin una sola afirmación de que se tendrán en cuenta y valorarán las denuncias presentadas.

  2. La autoría del informe, si bien es asumida por el Sr. Embajador Albuja, pareciera estar elaborado por tres personas distintas por las formas de expresión, aunque tienen el mismo eje todas ellas, la descalificación por el insulto, pero cuenta con bastantes contradicciones. En el informe se descalifica el trabajo científico mientras que en la entrevista concedida el autor a la Agencia pública de noticias de Ecuador y Suramérica ANDES el día 3 de septiembre de 2015 (2), expresa que “el estudio científico es impecable”. No se sabe si se desdice de lo escrito en el informe o el informe está errado en ese punto.

  3. Las descalificaciones a las que recurren no se ciñen solo a adjetivos “académicos financiados”, “redacción ‘pseudo-científica’”, “pseudo-académicos”, “denostadores de la patria”, “izquierda garrotera y la derecha pistolera”, “documentos erráticos”, “verdades dudosas”, “graves y falaces acusaciones”, “show mediático”,… sino también a verbos: “inventar”, “mutilar”, “sesgar”, descontextualizar”, “tergiversar”, “falsear la realidad”,… y afirmaciones descalificadoras como: “académicos financiados por intereses comerciales”, “desde la oposición […] cómodamente financiados por la derecha”, “defensores de DDHH quieran regresar al huasipungo”, “difundir la ignorancia como forma de vasallaje”, “cuentistas”, “novelas de terror denominados ‘informes de ONGs”, “sostienen de forma falaz”… Todo ello pone en evidencia la poca voluntad o interés de acceder al informe como una fuente, sea de excesos de los funcionarios de seguridad (policías o militares), sea de que los cuerpos armados se manejasen solos o, como el informe sospecha, de que fuese una estrategia de control preestablecida.

  4. Esta respuesta, mediada por el insulto reiterado, no solo rechaza los hechos sin investigarlos sino que hace una defensa irrestricta de las fuerzas armadas (policías y militares) exculpándolas de cualquier posible exceso, como se menciona, sin investigación previa. Todo ello conduciría al autor como cómplice declarado, por omisión de investigación y negación, de las agresiones que se denuncian. La respuesta no está centrada en datos, sino que es política y centrada en insultar a quien denuncia.

  5. La primera parte del informe, incluye un listado de 9 puntos en el que se mencionan cosas que el informe no dice, lo que demuestra la “realidad” que conoce quien lo firma:

    1. El informe del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial deja muy claro que lo que “pretende identificar son las estrategias de represión y violencia política ejercidas desde el Estado” en el contexto de las Marchas Indígenas. No hacer un análisis de las marchas. Por tanto su queja no procede.

    2. No se omiten fotos de manera deliberada, como se menciona, porque simplemente ese no es el tema del informe.

    3. Inducir que el Estado inventó las marchas para reprimir es una afirmación gratuita del embajador, sin respaldo, pues en ningún lado se menciona.

    4. Deberían presentar las órdenes judiciales por las que el ejército y la policía tenían permitida la entrada a las casas en Saraguro y las agresiones cometidas. Si no las presentan tendrá que coincidir que efectivamente el ejército cometió abusos o que se excudaron en el Decreto Ejecutivo.

    5. Hacen referencia a que es mentira la información sobre amenazas de violación de una mujer indígena de Cotacachi y lo niega. El informe del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial hace referencia a una mujer de Saraguro, Loja (p. 31) señal de que el informe ha sido respondido sin cuidado y sin investigación.

    6. En este punto el embajador, o quien le escribió el texto, sigue afirmando que la CONAIE “obliga a mujeres y niños a salir al paro”. No entendió lo que el informe dice y le critica.

    7. El informe dice textualmente “utilizando armas, presumiblemente bombas lacrimógenas” (p. 28), a demás de toletes, palos y piedras. Es pretender ridiculizar el informe la afirmación del embajador de que “están armados, pero con armas invisibles o escondidas, insultando así la inteligencia de los lectores”.

    8. Niegan la pérdida del ojo del Sr. H.P.V. (pueden verificarlo si desearan conocer “la realidad”) y niegan haber disparado “gas lacrimógeno y no se reportaron heridos por acción represiva ni de la Policía ni de las Fuerzas Armadas”. Siete de los 29 testimonios recogidos en el informe hablan de lanzamiento de gases lacrimógenos en Cotopaxi, Pastaza, Loja, Ilincho, Puyo y Bomboiza. Demasiados lugares para que se hayan puesto de acuerdo en mentir.

  6. La afirmación de que “nuestras instituciones de seguridad son un EJEMPLO para el mundo de lo que significa respeto a los Derechos Humanos de los manifestantes…” se está de acuerdo, son un ejemplo, pero con minúsculas.

  7. La segunda parte del informe del embajador pretende hacer un análisis académico del informe del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial. Quien lo elabora desconoce los informes de derechos humanos. No se trata de analizar el número de agredidos en función del número de personas que participan en las marchas. El informe es una denuncia de agresiones a DDHH de la población. Podría ser una sola persona y estaría justificada la denuncia. Fueron 229 las personas que inicialmente denuncian sus agresiones y se recogen en el informe testimonios del 12,6% de ellos.

  8. El estudio no pretende ser, por tanto, una investigación científica, sino un informe que recoge las denuncias de población afectada por violaciones de derechos humanos, por eso resulta desconcertante que se pretenda analizar en la forma y en la metodología y nunca se entre al contenido del mismo. Como si la validación de la forma descartara el fondo, que se violaron los derechos humanos. Por eso a la afirmación de que “se basa en la descripción de cómo se dieron los hechos solamente vistos desde uno de los varios lados”, que parece pretender la descalificación, hay que responder que en la página 10, ya se advierte que el trabajo es un “estudio descriptivo”, del que se “han inferido patrones”, de una gran diversidad de fuentes, públicas y privadas, con el objetivo que se menciona en la página 8, “alentar un proceso reflexivo de contextualización de la violencia”.

  9. Es lamentable la afirmación de que por haber usado solo 3 documentos del Estado de los 229, “este desequilibrio le resta objetividad al estudio”, cuando en uno de los documentos oficiales, la fiscalía habla precisamente de 62 detenidos, el 27% de lo que se denuncia.

  10. Solo en un punto se reconoce que debidamente denunciada el Estado cumplirá con sus funciones de investigar. Aunque en la p.25 ya se menciona la petición de una jueza para abrir una investigación sobre las actuaciones del Ministerio del Interior.

  11. Finalmente, en la última parte del informe se hace una crítica descalificatoria a la CIDH, con el poco acierto de que quien escribe no analiza los resultados de los cuadros que presenta. En Ecuador, el 0,86% de las peticiones recibidas reciben la concesión de medidas cautelares; en los países del ALBA esta cifra se duplica al 1,79% y en los países del Pacífico esta medida casi se vuelve a duplicar al 2,57% de promedio de los años escogidos. Lo que es un indicador de que las medidas cautelares no son una estrategia de presión contra los gobiernos progresistas, pues es contra los del Pacífico (EEUU incluido) donde más se usa. Pero además en este segmento se habla del “derecho a mentir”, podría considerarse que es un uso cínico o irónico, de la figura, salvo que acaba sosteniendo que está al mismo nivel que el derecho humano a la vida y a la honra.

  12. El informe del embajador, lejos de buscar soluciones y responsables de los actos denunciados pretende la confrontación por medio de la descalificación.

Por todo lo expresado nos ratificamos en el informe que puede seguirse consultando en el siguiente enlace:

Informe Estrategias Estatales de Control y Represión social durante el Paro Nacional y las Marchas Indígenas


(1) Para ver el documento en donde se descalifica nuestro informe “Informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador” ver: https://oeaecuador.com/2015/08/31/la-realidad-tras-las-denuncias-de-algunas-ongs-contra-el-estado-ecuatoriano/

(2) Para ver la entrevista del embajador permanente de Ecuador ante la OEA, ver: https://www.youtube.com/watch?v=eC-PCEwUdzc

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