Como colectivo queremos expresar nuestra más profunda solidaridad con los campesinos y campesinas de Curuguaty, pues los consideramos víctimas de la injusticia y la ineficiencia del sistema judicial paraguayo.

Condenamos los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012 en las tierras de Marina Kue, donde perdieron la vida 11 campesinos y 6 policías, en circunstancias poco claras y por las cuales solo se ha incriminado y acusado injusta y sin pruebas ni evidencias significativas a un grupo de campesinos-as que actualmente están soportando un juicio parcial y que carece además de  garantías procesales. Tampoco queremos olvidar que estos hechos fueron utilizados para forzar la expulsión del presidente constitucional y electo Fernando Lugo, a través de la figura de juicio político, el cual también careció de las formas y procedimientos mínimos para legitimizar el acto.

Habiendo seguido y analizado los hechos que han ocurrido desde la masacre de Curuguaty y los relacionados con esta, incluida la persecución a los campesinos y campesinas acusados de asociación criminal para delinquir, asesinato en grado de tentativa e invasión de inmueble ajeno,

y teniendo también conciencia de lo evidente de una actuación judicial y un proceso fiscal  llenos  de vicios y de irregularidades, manifestamos lo siguiente:

Condenamos  las causas que subyacen en este proceso, como la discriminación, la inequidad, la desigualdad, la injusta distribución de la tierra y otros recursos naturales, la ineficacia y el desinterés del estado paraguayo para satisfacer y garantizar las necesidades básicas y los derechos humanos de la población rural y que mantienen a un alto porcentaje de la población paraguaya en situación de pobreza, afectando de especial manera  a sectores históricamente desfavorecidos, como son los campesinos/as e indígenas. Además sobre esta construcción de la desigualdad se sustenta la posición de ciertas élites de poderosos terratenientes que concentran de esta manera el poder en el campo paraguayo y que no están dispuestos a perder sus privilegios adquiridos.

Condenamos los mecanismos de represión del Estado paraguayo, especialmente su sistema judicial que permite que se vulneren los derechos de los campesinos-as, además de silenciar las luchas del campesinado pobre que lucha por un pedazo de tierra en Paraguay. Un claro ejemplo de esto son las  muertes de campesinos defensores de derechos humanos por las  que hasta el día de hoy no ha habido investigación.

En consecuencia también nos consideramos defensores ciudadanos de los campesinos/as imputados, así como observadores del proceso judicial por la masacre de Curuguaty, por tanto exigimos al estado paraguayo garantías de imparcialidad y transparencia del proceso, que además conduzcan a esclarecer las muertes de los ciudadanos campesinos y policías en dicha masacre.